Buenos Aires, 4 de diciembre de 2025.- En la jornada del miércoles 3 del corriente mes la Legislatura de la provincia de Chaco a través de la Ley 4203-C aprobó de forma unánime que se establece formalmente la personería jurídica religiosa para las iglesias, confesiones y comunidades de fe no católicas en todo el territorio provincial.
Esta nueva ley representa un avance fundamental en el reconocimiento, la transparencia institucional y la igualdad de condiciones para las comunidades cristianas. El proyecto había sido presentado por la diputada Paola Benítez.
La legisladora señaló que esta aprobación responde a un reclamo histórico del sector. “Este reconocimiento es un paso importantísimo para validar la identidad y la labor que las iglesias realizan en todo el territorio chaqueño”, afirmó.
En la provincia, aproximadamente el 30% de la población profesa la fe evangélica, con más de 5.000 iglesias distribuidas en todo el territorio. “Era fundamental que Chaco adhiera a la normativa nacional que regula la personería jurídica religiosa”, agregó la diputada.
Entre sus principales puntos, la normativa: Reconoce a las iglesias como personas jurídicas de derecho privado, respetando su identidad espiritual y misión social.
Crea un Libro Especial en la Inspección de Personas Jurídicas, permitiendo que las entidades religiosas se inscriban sin necesidad de hacerlo como asociaciones civiles o fundaciones.
Faculta a las iglesias ya constituidas a transformarse voluntariamente en entidades religiosas bajo sus propios estatutos, sin perder derechos adquiridos.
Garantiza mayor eficacia y transparencia, estableciendo la posibilidad de llevar un sistema contable regular con libros y registros rubricados.
Protege el patrimonio de las iglesias, declarando inembargables los bienes inmuebles destinados al culto, la residencia de ministros y los objetos usados exclusivamente en celebraciones religiosas.
Con esta decisión, Chaco se suma a Santa Cruz, Chubut, CABA, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Neuquén y Buenos Aires, consolidando un proceso federal que fortalece el marco legal y el reconocimiento institucional de las comunidades de fe en nuestro país.
